En el cierre de las sesiones extraordinarias convocadas por el Gobierno provincial, los proyectos vinculados a la minería, prometidos por el gobernador Raúl Jalil al inicio de su segundo mandato, aún no han tomado estado parlamentario. Entre las propuestas pendientes se destacan el «Régimen de multas ante incumplimiento de contratación de mano de obra catamarqueña en proyectos mineros» y el «Derecho de preferencia en la adquisición de hasta un 10% de la producción de litio por el Estado Provincial».
A pesar de las expectativas, la modificación del artículo 44 y otros de la Ley Nº2337 sobre la libre disponibilidad de créditos presupuestarios del Procurador General de la Corte de Justicia tampoco ingresó para su análisis. Aunque se baraja la posibilidad de que estos proyectos se presenten en las sesiones finales de esta semana, su tratamiento quedaría postergado para el próximo año.
En las últimas jornadas, solo tres de los 17 proyectos enviados por el Ejecutivo provincial fueron tratados por las Cámaras legislativas. Se espera que otros dos proyectos se sumen a la lista antes del cierre de sesiones, dejando pendientes la mayoría de las iniciativas para ser discutidas en febrero, cuando se reanude la actividad legislativa.
La Cámara de Diputados recientemente dio media sanción a la creación del Fondo Permanente de Recompensas y a la unificación del Registro Público con la Inspección General de Personas Jurídicas (IGJ). Mientras tanto, el Senado convirtió en ley la toma de posesión de seis túneles en La Merced, departamento Paclín. Para la próxima semana, destaca el proyecto de modificación del Decreto Ley Nº3.425 sobre la reorganización funcional de la Escribanía General de Gobierno, listo para ser tratado en Diputados.
En la Cámara de Senadores, la iniciativa de «Inhabilidades constitucionales para el ejercicio de la función pública (ficha limpia)» aguarda su análisis para ser convertida en ley, sumándose a las propuestas aprobadas por Diputados la semana pasada.
Presiones y Rechazo
El proyecto de democratización del ingreso al Poder Judicial ha suscitado rechazo entre los judiciales. Las presiones de los gremios y la Asociación de Magistrados postergan su tratamiento, evidenciando tensiones entre poderes y la percepción de intromisión en la independencia judicial. La dilación en la consideración de los proyectos vinculados a la actividad minera genera incertidumbre en el sector. La falta de definiciones impacta en la planificación a largo plazo de las empresas y sus inversiones, dando lugar a un escenario de expectativa y cautela.
