El Senado de Mendoza ha dado luz verde a la Declaración de Impacto Ambiental para 34 proyectos de exploración de cobre en el Distrito Minero Occidental de Malargüe, marcando un avance significativo en la actividad minera de la región sur de la provincia. Con 33 votos a favor y solo 3 en contra, la medida, que ya había recibido el respaldo de la Cámara de Diputados, fue aprobada por una amplia mayoría, reflejando un consenso político sobre su potencial para revitalizar la economía local.

Perspectiva económica y social

La vicegobernadora Hebe Casado, quien presidió la sesión, enfatizó que la aprobación representa un hito para Mendoza, abriendo nuevas posibilidades económicas y laborales en áreas que han estado buscando un impulso económico. «Este es un día especial para Mendoza», destacó Casado, quien también subrayó la importancia estratégica del cobre en la transición hacia energías más limpias, posicionándolo como un atractivo para la inversión y la creación de empleo.

Compromiso con la sostenibilidad

En un intento por calmar preocupaciones ambientales, Casado y otros funcionarios aseguraron que la exploración se llevará a cabo bajo estrictos estándares de seguridad y respeto al medio ambiente. «Mendoza no entrega un cheque en blanco», declaró, garantizando un proceso con control continuo y la participación de equipos técnicos especializados. Cada fase de la explotación requerirá nuevas evaluaciones ambientales y aprobación legislativa, lo que implica un monitoreo constante y regulado.

Apoyos y resistencia

La decisión ha suscitado reacciones mixtas. Mientras trabajadores de la construcción y grupos pro-mineros celebraron la aprobación frente a la Legislatura, grupos ambientalistas expresaron su preocupación sobre los impactos potenciales de la minería en la región. No obstante, el proyecto ha contado con apoyo de distintas fuerzas políticas, incluyendo a Cambia Mendoza y sectores del PJ, lo que refuerza su viabilidad en el panorama político actual.