El Gobierno de Río Negro no pierde tiempo. Un día después de que el Senado aprobara la Ley Bases y el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones, se anunció la creación del Consejo Provincial de Evaluación Ambiental Minera (Co.P.E.A.M) a través del Boletín Oficial 6294. Este nuevo consejo tiene la tarea de evaluar los estudios de impacto ambiental del sector minero, en respuesta al estudio de impacto ambiental presentado por la empresa Calcatreu S.A.U., junto con una solicitud de cateo y exploración.
De acuerdo con el B.O. 6294, el CoPEAM estará presidido por el Dr. Gaspar Poggioli Kloster, quien fue subsecretario de Asuntos Jurídicos y Recursos Humanos del Ministerio de Desarrollo Humano y Articulación Solidaria de Río Negro hasta junio del año pasado. También integrarán el consejo representantes de universidades nacionales con sede en la provincia y carreras afines a la minería acreditadas por la CONEAU, ONGs ambientalistas con personería jurídica, y comunidades originarias de la zona.
El Proyecto Calcatreu tiene como objetivo la extracción de oro, plata y otros metales de un yacimiento descubierto en 1997, ubicado a 80 kilómetros al sur de Río Negro y aproximadamente a 300 kilómetros de San Carlos de Bariloche.
Los proyectos de minería a cielo abierto han enfrentado obstáculos en la región debido a la falta de licencia social, según la Ley General del Ambiente N° 25.675. La presión de comunidades y asambleas ambientalistas resultó en la promulgación de la Ley Provincial 3981/05, que prohíbe el uso de mercurio y cianuro en el proceso de extracción, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos. Desde 2005, diversos gobiernos provinciales han intentado anular esta legislación y autorizar la Resolución N°1710, que permite el uso de agua subterránea para tareas de exploración.
Este año, el Gobernador Alberto Weretilneck ha reiterado un cambio en la matriz productiva de la provincia: “Río Negro será una provincia minera con todo lo que eso implica”. El gobierno busca desarrollar numerosos proyectos de extracción de metales pesados, respaldados por la reciente modificación del Código Minero, que incluye nuevos resguardos sobre el pasivo ambiental en cauces y biomas, y la obligatoriedad de la consulta libre e informada a la comunidad.
Además, el Ministerio de Educación ha distribuido en las escuelas primarias el manual “Encontrarnos por Río Negro, un viaje por nuestra provincia”, dirigido a estudiantes de quinto grado, que destaca los beneficios de la extracción metalífera y el impulso económico que podría traer.
Este plan estratégico ganó relevancia tras la aprobación en el Senado del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que ofrece incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios por 30 años para atraer inversiones superiores a 200 millones de dólares en sectores como Agroindustria, Infraestructura, Forestal, Minería, Gas y Petróleo, Energía y Tecnología.
La megaminería en Río Negro: una historia de resistencia
El 29 de diciembre de 2011, el entonces Gobernador Carlos Soria derogó la Ley Provincial Anticianuro, que prohibía la megaminería a cielo abierto en Río Negro. Desde entonces, las asambleas contra esta actividad se fortalecieron en todas las comunidades rurales cercanas a los yacimientos mineros. A pesar de la falta de impedimentos legales, la fuerte resistencia social ha impedido el avance de estos proyectos extractivistas.
ANB conversó con Alejandro Yanniello, activista contra la megaminería y referente de la organización ecologista Piuké de Bariloche, sobre el proyecto Calcatreu. “Es el proyecto metalífero más grande en Río Negro, junto con Navidad de Chubut. Siempre nos ha tenido en vilo, especialmente por el impacto que podría tener en el territorio. El eje es el agua. Los representantes gubernamentales terminaban siendo representantes de las corporaciones. Por eso siempre hubo asambleas para combatir la megaminería. Esquel marcó el camino. Durante la época de Menem se aprobó una legislación para evitar que se prohíba la minería, lo que llevó al pueblo a luchar por una Ley Anticianuro”, explicó.
Yanniello destacó la histórica oposición a los proyectos mineros en la provincia. “Siempre se impulsaron proyectos que ponen en riesgo los sistemas que sostienen la vida. En Río Negro, más del 80% de la población se opone a la megaminería. Cuando Soria derogó la Ley Anticianuro en diciembre de 2011, creyó que avanzaría sobre nuestros recursos, pero nunca lo lograron. La gente del campo y las comunidades mapuches han resistido estos embates durante años”, resaltó.
Finalmente, el ecologista analizó la implicancia de la aprobación de la Ley Bases y el RIGI en la actividad minera de la provincia. “Es evidente que esto es un juego político entre los gobiernos. El RIGI incluye proyectos extractivistas como Calcatreu. Pero en Río Negro, hace unos meses, avanzaron con la ley de tierras rurales que incorpora la minería, resistida por el Parlamento Mapuche Tehuelche. Para nosotros es una campaña de agitación mediática, igual que lo sucedido en Chubut con la aprobación de la Ley Bases y los protocolos para la explotación de uranio. Es una lucha de 20 años, y la gente no cambia de parecer. En Río Negro se ha demostrado que el extractivismo lo paran los pueblos, no las leyes. Nadie en los territorios está de acuerdo con la explotación del litio y el uranio, por eso no pueden avanzar. En Mamuel Choique quieren extraer litio y las comunidades ya se han organizado en asambleas para impedirlo”, concluyó Yanniello. (ANB)
