Deuda pública por sobre el medio ambiente, las prioridades del gobierno nacional

El gobierno argentino ha reducido en casi un 50% real el presupuesto destinado al medio ambiente, afectando áreas críticas como la transición energética, el saneamiento del Riachuelo y la lucha contra incendios. Según expertos, esta decisión prioriza la deuda pública sobre el desarrollo sustentable, dejando en evidencia una tendencia hacia el desfinanciamiento de políticas ambientales esenciales.

El gobierno argentino ha aplicado un ajuste significativo en el presupuesto destinado a políticas ambientales, con una reducción cercana al 50% en términos reales. Esta medida ha generado preocupación entre especialistas, quienes advierten sobre las graves consecuencias que tendrá en áreas clave como la transición energética, el saneamiento del Riachuelo y la lucha contra incendios.

Impacto del recorte en programas ambientales

De acuerdo con Matías Cena Trebucq, economista de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el afán por lograr un superávit fiscal ha llevado a una disminución drástica en las partidas destinadas a programas ambientales. “El superávit fiscal se ha conseguido, en gran medida, a través del desfinanciamiento brutal de programas esenciales para el desarrollo humano y la protección ambiental”, afirmó durante el taller “Las claves del presupuesto: cuál es su impacto económico y ambiental”.

El Monitor Ambiental del Presupuesto, elaborado por la FARN, señala que con solo el 3% del superávit fiscal financiero se podrían haber mantenido estables, en términos reales, las partidas destinadas al cuidado del ambiente y a la promoción de energías renovables. Sin embargo, el presupuesto del primer semestre de 2024 experimentó una caída real del 24% respecto al mismo período del año anterior.

Transición energética y recortes presupuestarios

En el ámbito de la transición energética, la situación es alarmante. Según el monitor, solo se ha ejecutado un 1,6% del presupuesto destinado a energías renovables, lo que representa una caída del 44,4% en comparación con el mismo período de 2023. Este desfinanciamiento contrasta con las políticas que favorecen la extracción de combustibles fósiles, como la Ley de Bases y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), las cuales priorizan la maximización de la renta del sector hidrocarburífero mediante exenciones y beneficios impositivos.

Saneamiento del Riachuelo y manejo del fuego

Otro aspecto crítico es la reducción del presupuesto para el saneamiento del Riachuelo, uno de los proyectos ambientales más importantes del país. Según el monitor de FARN, entre enero y junio de 2024 solo se ejecutó el 6,9% del presupuesto destinado al Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza-Riachuelo. En términos reales, esto implica que por cada $100 ejecutados en 2023, este año solo se han ejecutado $4, una caída interanual del 44,4%.

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Asimismo, las partidas asignadas al manejo del fuego, incluyendo el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), también sufrieron un recorte significativo. Hasta la fecha, solo se ha ejecutado el 26,7% del presupuesto vigente, en comparación con un promedio del 64% en los tres años anteriores. Esta reducción podría comprometer la capacidad del país para responder adecuadamente a los incendios forestales, que han sido cada vez más frecuentes y devastadores.

Con información de Ambito

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