La abrupta salida de Flavia Royón de la Secretaría de Minería ha desencadenado repercusiones significativas, particularmente en las provincias del norte de Argentina. La vinculación estrecha de Royón con el gobernador Gustavo Saenz y su inesperada destitución se enmarcan en las tensiones políticas relacionadas con la Ley Ómnibus, evidenciando la intersección entre la política nacional y provincial.
Royón, quien se enteró de su despido antes de viajar a Salta para el fin de semana de Carnaval, expresó su descontento y la imposibilidad de responsabilizarse por las decisiones de los diputados de su provincia. Este cambio en la Secretaría de Minería tiene implicaciones estratégicas para el sistema político del norte, ya que pierde un canal directo de acceso al gobierno nacional y el control sobre un área clave para las provincias que buscan impulsar la actividad minera, especialmente en la extracción de litio y cobre.
La destitución de Royón se alinea con la furia del presidente Javier Milei hacia los gobernadores disidentes con la Ley Ómnibus. Su conexión cercana con Saenz la convierte en un blanco en este contexto político convulso. La relevancia de la Secretaría de Minería es innegable, especialmente para las provincias del norte que buscan expandir la actividad minera para impulsar su desarrollo económico a mediano plazo.
La designación del reemplazo de Royón se presenta como un paso crucial en este escenario. Aunque aún no se ha definido quién ocupará este puesto, se espera que la decisión sea tomada en estrecha colaboración entre el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro de Economía, Luis ‘Toto’ Caputo. La designación del nuevo secretario de Minería será fundamental para la continuidad de proyectos mineros de envergadura, en particular, la expansión de la actividad del cobre.
La Argentina tiene ante sí una gran oportunidad de inversión en proyectos de cobre de clase mundial, como Pachón, Los Azules, Altar, José María, Agua Rica y Taca Taca. Estos proyectos podrían atraer inversiones significativas, superando los US$ 20.000 millones. Sin embargo, la falta de un interlocutor válido en la Secretaría de Minería podría dificultar la captación del interés de grandes compañías mineras y poner en riesgo la legitimidad del país como un mercado atractivo.
En conclusión, la remoción de Flavia Royón de la Secretaría de Minería plantea desafíos significativos para las provincias del norte y para la Argentina en su conjunto. La designación del nuevo secretario será determinante para la continuidad de proyectos estratégicos y el fortalecimiento de la actividad minera en el país. La atención se centra en cómo este cambio impactará en el desarrollo económico y en las relaciones entre el gobierno nacional y las provincias mineras