El Senado de Mendoza aprobó por 24 votos a favor y 14 en contra la adhesión al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), convirtiéndose en la tercera provincia en adherir a esta normativa, después de Río Negro y Jujuy. El proyecto, impulsado por el gobernador Alfredo Cornejo, busca atraer inversiones significativas en los sectores minero y energético, con el objetivo de fomentar el desarrollo económico y la creación de empleo en la región.
La aprobación se produjo en un contexto de tensión, con manifestaciones de ambientalistas que se oponen a la minería y temen por la gestión del recurso hídrico en la provincia, un tema de gran sensibilidad en Mendoza. La vicegobernadora Hebe Casado celebró la decisión en redes sociales, destacando la importancia del RIGI para brindar un marco legal que promueva la certidumbre y competitividad.
A pesar del respaldo del oficialismo Cambia Mendoza, el proyecto enfrentó críticas por parte del peronismo, el Partido Verde y varios senadores de La Unión Mendocina (LUM), que cuestionaron los beneficios fiscales del régimen y su impacto en la industria nacional. Los opositores argumentan que el RIGI favorece a grandes empresas en detrimento de las pequeñas y medianas empresas (Pymes) y podría poner en riesgo el acceso al agua para consumo doméstico y riego agrícola.
Avance de otras provincias
Además de Mendoza, otras provincias argentinas están avanzando en la adhesión al RIGI. San Juan y Salta se encuentran en proceso de evaluación y debate para sumarse al régimen, con el objetivo de captar inversiones que impulsen sus sectores minero y energético. Chubut y Catamarca también están considerando la implementación del RIGI, buscando aprovechar los beneficios fiscales y las ventajas competitivas ofrecidas por el régimen. Estos movimientos reflejan un creciente interés en atraer grandes inversiones en un contexto de creciente competencia entre las provincias por captar capitales en áreas estratégicas, mientras continúan los debates sobre el equilibrio entre desarrollo económico y sostenibilidad ambiental, mientras que en Santa Cruz, el bloque oficialista presentó un proyecto para adherir al RIGI, argumentando que la normativa fomentaría la inversión en la provincia, promoviendo el desarrollo industrial y la creación de empleo. El diputado Mario Piero Boffi, autor del proyecto, destacó que el RIGI ofrecería beneficios fiscales y económicos para grandes inversiones, lo que podría potenciar el crecimiento económico y social de Santa Cruz, además de mejorar la infraestructura y tecnología en la región.
