La nueva Ley Ómnibus, resultado de modificaciones para asegurar apoyo, redefine las alícuotas de retenciones para diversos sectores económicos en Argentina. El texto establece que minería e hidrocarburos tendrán las menores tasas de derechos de exportación, manteniéndose en 8% para hidrocarburos, oro y plata, y en 4.5% para el resto de la minería, incluyendo al litio, principal mineral de exportación.

En contraste, el resto de la economía enfrentará un incremento en las retenciones, ubicándose entre el 15% y el 33%. Las economías regionales, sin embargo, quedarán exentas de derechos de exportación, marcando un cambio significativo para sectores como la Olivicultura, Arroceros, Cueros Bovinos, Lácteos, Frutas, Hortalizas, y muchos otros incluidos en el Anexo VII.

La sección VI de la «ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos» define los derechos de exportación para toda la economía, con el objetivo de recaudar un extra del 0.5% del PBI en 2024. La medida busca contribuir al recorte de 5 puntos de déficit fiscal para alcanzar el déficit cero.

El artículo 173 de la ley mantiene las alícuotas de derechos de exportación para hidrocarburos y minería vigentes al 31 de diciembre de 2023. Esta decisión sitúa a la soja como el sector más afectado, con retenciones del 33%, y sus derivados tributando el mismo porcentaje debido a la eliminación del diferencial.

Empresas mineras, al oponerse a un aumento en los derechos de exportación del petróleo, argumentan la necesidad de estabilidad fiscal por la ley de inversiones mineras. El sector del cobre, a pesar de no tener proyectos activos en Argentina actualmente, observa de cerca la posibilidad de futuras inversiones y la flexibilidad en las tasas de retenciones, que podrían oscilar entre el 0% y el 8% según el precio internacional del mineral.

El nuevo esquema de derechos de exportación ha generado críticas en la industria, ya que, según el economista Leandro Mora Alfonsin, mientras la industria paga actualmente un promedio del 2.2%, la nueva ley propone un aumento al 15%. Sectores industriales, que antes tributaban tasas más bajas, verán un cambio significativo en su carga tributaria si la ley es aprobada.