Santa Cruz avanza hacia la adhesión al Régimen de Incentivos para Inversiones: Proyecto recibe respaldo en comisiones legislativas

El proyecto de ley para que Santa Cruz se sume al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) avanza en la Legislatura provincial, tras obtener respaldo en comisiones. La iniciativa, que busca atraer inversiones significativas y modernizar la infraestructura industrial, enfrenta tanto apoyo como oposición en su camino hacia la aprobación

El proyecto de ley para que Santa Cruz se sume al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) ha dado un paso importante tras recibir el respaldo de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura provincial. La iniciativa, presentada por el diputado Piero Boffi, busca integrar a Santa Cruz en un marco normativo diseñado para atraer inversiones significativas, con el objetivo de potenciar el desarrollo económico y la modernización industrial en la región.

El RIGI, que forma parte de la Ley de Bases impulsada por el gobierno de Javier Milei, ya ha sido aprobado a nivel nacional y cuenta con la adhesión de otras provincias patagónicas como Río Negro y Chubut. Santa Cruz, con vastos recursos naturales y un potencial industrial en crecimiento, podría beneficiarse considerablemente al unirse a este régimen, que ofrece incentivos fiscales y económicos para proyectos de gran envergadura.

«Este régimen tiene el potencial de transformar la capacidad productiva de Santa Cruz, atrayendo inversiones nacionales e internacionales que contribuirán a la modernización de la infraestructura y al incremento de la competitividad provincial», señaló Boffi. Según el legislador, la adhesión al RIGI no solo generaría empleo, sino que también promovería la transferencia de tecnologías y conocimientos a la región.

La discusión del proyecto en la Legislatura no estuvo exenta de oposición. Durante la jornada, diversos sectores sindicales y grupos de izquierda se manifestaron en contra de la adhesión al régimen, expresando su preocupación por los posibles efectos negativos sobre las economías locales y los derechos laborales.

El avance del proyecto hacia su tratamiento en el recinto marca un punto clave en el debate sobre las políticas de inversión en Santa Cruz. La decisión final podría significar un cambio significativo en el enfoque económico de la provincia, posicionándola como un destino atractivo para grandes inversiones.

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